Una sentencia de la Sala de lo Social ha fijado esta doctrina, lo que supone la unificación de la prevención de riesgos en toda España y veta la pretensión autonómica de establecer un sistema propio de acreditación.
Las normas y previsiones que afectan a la prevención de riesgos laborales de la construcción son de ámbito estatal y las autonomías no pueden entrar a regular estas cuestiones porque el convenio estatal del sector prevalece en cualquier caso.

Una sentencia de la Sala de lo Social ha fijado esta doctrina, lo que supone la unificación de la prevención de riesgos en toda España y veta la pretensión autonómica de establecer un sistema propio de acreditación.

La Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión del sindicato vasco ELA STV, mayoritario en la autonomía, de anular la parte del Convenio General del Sector de la Construcción en el que se establece el alcance nacional de, entre otras cuestiones, la salud y la seguridad en el trabajo, la formación en prevención de riesgos laborales y el diseño, ejecución y expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción.

De esta forma, el sindicato vasco pretendía recuperar la competencia de ámbito autonómico, que se contempló en su día en dos acuerdos interprofesionales, uno de 1995 y otro de 1997.

Según alegaba el sindicato para apoyar esta petición, el convenio de la construcción “violenta” el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que permite la concurrencia de convenios, o lo que es lo mismo, que se establezcan pactos de ámbito inferior, en este caso autonómico, “que afecten” a los de ámbito superior o estatal.

De igual forma, esgrimía una “extralimitación” del artículo 10.3 de la Ley 32/2006 de Subcontratación en el sector de la Construcción, que prevé la regulación en materia de prevención de riesgos “reglamentariamente o a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha rechazado tales planteamientos porque “si existe reserva expresa legal a la negociación en ámbito estatal por ley posterior al Estatuto de los Trabajadores, una negociación a nivel inferior resultaría contra legem. Y así la Ley 32/2006 tiene una reserva expresa al convenio sectorial de ámbito estatal”.

La sentencia, dictada por el magistrado Enrique Félix de No Alonso-Misol, apunta que esta solución legal es “lógica, por razones de homogeneización del sector en una materia tan sensible como la prevención de siniestralidad ante la movilidad laboral intraestatal, mediante el establecimiento de un único marco normativo ad hoc”.

Es importante resaltar que la sentencia es un claro respaldo al carnet de siniestralidad que será obligatorio a partir de 2011. La sentencia explica que, de permitirse una regulación autonómica permitida por el convenio colectivo, tal y como permite el artículo 84 del ET, “sería perfectamente impugnable por violentar la Ley 32/2006”porque, matiza, “no se puede estar al plato y a las tajadas”.

La sentencia, que acoge los argumentos de Juan Antonio Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, apunta que “la formación preventiva se integra como un derecho-deber del trabajador. El empresario puede contratar trabajadores que acrediten la formación necesaria y puede hacerlo de trabajadores que no la acrediten con el deber inexcusable de facilitarles la formación”.

 

Gobierno, sindicatos y patronales negocian que a los trabajadores inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que al final pierdan su contrato no les cuente hasta un máximo de 120 días el periodo de prestación por desempleo consumido en ese periodo transitorio.

Así lo ha anunciado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien explicó en el acto de Constitución del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo que se está negociando una horquilla de entre 90 y 120 días, aunque en su opinión lo "razonable" para todos los sectores económicos sería aplicar el límite máximo porque es el que se está hablando para el Plan de la automoción.

Esto supondrá un coste, aún sin cuantificar, para los servicios públicos de empleo porque ante situaciones que supongan extinción de contrato, al final el trabajador sumará 120 días más de prestaciones.

El ministro explicó que cuando un trabajador es objeto de suspensión temporal de empleo, durante el tiempo que dure la suspensión, cobra en función del desempleo al que tiene derecho y por el convenio que tenga con la empresa.

Así, esta medida permitirá que el trabajador no consuma su periodo de prestación por desempleo durante el tiempo que esté afectado por un ERE temporal.

Además, también se está negociando que durante ese periodo de suspensión temporal, durante el cual las empresas también deben pagar la cotización a la Seguridad Social, éstas puedan tener alguna bonificación en las cuotas. De este modo no le supondrá una sobrecarga de cotización a la empresa en un periodo en que la persona no trabaja.

Según Corbacho, los sindicatos "ven bien" esta propuesta del Gobierno, que forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo considera urgentes para mejorar la protección de los desempleados y mantener la generación de empleo.

El objetivo, dijo Corbacho, es facilitar la negociación de ERE temporales en lugar de la extinción, ya que en una circunstancia como la actual supone la ventaja de que "se destruye el menor tejido productivo posible".

 

El conjunto de Administraciones públicas registraron déficit en 2008 tras tres años consecutivos cerrando con superávit. Los números rojos ascendieron a 41.874 millones de euros, un 3,8% del PIB. Desde 1996, España no alcanzaba un saldo negativo de tal magnitud. El Gobierno prevé que en los próximos años las cuentas públicas sigan deteriorándose y calcula que, a partir de 2011, empezarán a recuperarse para acercarse al límite del déficit del 3% que establece el Pacto de Estabilidad Europeo.

En tan sólo 12 meses, la Administración pública ha pasado de arrojar un superávit de 23.368 millones en 2007 a cosechar un déficit de 41.874 millones, según los datos que presentó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Un deterioro acelerado y sin precedentes que se explica por la crisis económica, que ha reducido drásticamente los ingresos, sobre todo en el impuesto de sociedades y en el IVA, cuya recaudación ha caído un 39,1% y un 14%, respectivamente. Estos datos indican una reducción de los ingresos de las empresas y del consumo.

Sin embargo, Ocaña hizo hincapié en que buena parte del déficit se debe a las 'medidas anticíclicas' que ha aprobado el Gobierno. La rebaja fiscal de 400 euros para trabajadores, asalariados y pensionistas, el cheque bebé o la reducción en el impuesto de sociedades ha tenido un impacto en la recaudación de 19.540 millones, lo que supone un 1,8% del PIB. Dicho de otra forma, casi dos puntos del déficit del 3,8% del PIB en 2008 corresponde a la política impulsada por el Gobierno.

El saldo fiscal negativo es cuatro décimas superior al estimado por el Gobierno en el Plan de Estabilidad que presentó en enero. Para este año, el Ejecutivo prevé incurrir en un déficit del 5,8% del PIB y, para 2010, del 4,8%. A pesar de que el Plan de Estabilidad contempla cerrar 2011 con un saldo negativo del 3,9%, Carlos Ocaña aseguró que el Gobierno confía en que este dato se acerque más al límite del 3% que establece Bruselas.

La Comisión Europea ya anunció que expedientará a España, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia y Malta por mantener un déficit excesivo. Sin embargo, Ocaña es moderadamente optimista y rechazó la posibilidad, apuntada por el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo José Manuel González Páramo de entrar en una 'situación fiscal insostenible'.

El secretario de Estado de Hacienda argumentó que el nivel de deuda pública de España es relativamente bajo. Se situó en el 39,4% del PIB en 2008, 20 puntos inferior a la media de la zona euro y muy por debajo de países como Italia, Alemania o Francia.

La Administración central es la que más ha contribuido al déficit, seguida por la autonómica. Las comunidades registraron un saldo negativo del 1,45%. Aún no hay datos desglosados por territorios. Será en junio cuando se conocerá qué comunidades han incurrido en un déficit superior al 1% y, por tanto, 'deberán aprobar planes de saneamiento'.

Las corporaciones locales, por su parte, registraron un déficit de 4.298 millones de euros, un 0,39% del PIB. Como en el caso de las comunidades, el Gobierno aún no posee los datos desglosados. Ocaña apuntó que los resultados son muy heterogéneos y aseguró que la mayoría de los 8.000 ayuntamientos que hay en España lograron cerrar 2008 en superávit o equilibrio.

 

Una resolución del organismo antifraude fiscal cambia el cometido del personal y centraliza buena parte de los equipos en el control de asalariados y pymes.

Tiempos de recesión; de dificultades económicas; y de fuertes inspecciones fiscales. La reestructuración que acaba de lanzar la Agencia Tributaria puede convertirse en un motivo de preocupación para un buen número de contribuyentes. Pero, además, no de grandes empresas, sino de contribuyentes con rentas hasta 4 millones de euros, y de negocios de reducida dimensión.

Un resolución de la Agencia Tributaria fechada el 26 de noviembre se ha encargado de la reestructuración del funcionamiento de los equipos encargados del control del fraude fiscal. Y lo ha hecho de la siguiente manera: hasta el momento el personal total centrado en labores directas de control de los contribuyentes rondaba unas 3.500 personas, según los datos de la Agencia Tributaria. De ellos, unos 1.000 son inspectores y 2.371 son lo que se conoce como técnicos de Hacienda (subinspectores).

De este último grupo, 1.058 se centraban en investigar operaciones superiores a 3 millones de euros, es decir, que tenían las puertas abiertas a grandes empresas y contribuyentes de ingresos muy elevados. Los 1.313 restantes quedaban fuera de esta labor.
Más de 1.000 profesionales que controlaban grandes casos se centrarán en pymes
Pues bien, a partir de ahora, los profesionales denominados técnicos de Hacienda tendrán que concentrarse en desarrollar “actuaciones inspectoras que no revistan especial dificultad [...] que se refieren a obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas o a obligados tributarios que, desarrollando este tipo de actividades, su cifra de negocios o, en su defecto, el volumen anual de operaciones declarado en cualesquiera de los ejercicios comprobados no supere 4.000.000 euros, tratándose de actuaciones [de control fiscal] de alcance general, o de 5.700.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance parcial [inspecciones de asuntos más específicos]”.

De este modo, “si todos los Técnicos de Hacienda se van a centrar exclusivamente en estos contribuyentes pequeños, entre los que están las pymes más reducidas, autónomos y asalariados, el total de personas que quedan disponibles para inspeccionar a los grandes contribuyentes se reduce notablemente”, señala José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha.

Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria, organismo presidido por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y dirigido por Luis Pedroche, confirman la remodelación y señalan que, aunque pueda parecer paradójico, la resolución permitirá una mejor persecución de las formas “más complejas y sofisticadas” de fraude fiscal.

Desde los sindicatos añaden un último dato. Los profesionales de la Inspección perciben una parte de su salario, que puede situarse en un máximo de entre un 15% y un 20%, ligado a una paga de productividad.

 

El impacto contable sobre el beneficio oscila entre los dos millones de euros en el caso de FCC hasta los 900 millones en Ferrovial. También están afectadas Iberdrola, Abertis, Iberia y Agbar.

Las empresas españolas que invirtieron en Reino Unido animadas por la estabilidad regulatoria del país se han encontrado con un cambio fiscal que les va a costar cientos de millones de euros en 2008.

Con sustanciales diferencias entre unos y otros, Ferrovial, Iberdrola, Iberia (por su participación en British Airways), Aguas de Barcelona (Agbar), Abertis y FCC van a sufrir en sus cuentas el impacto de la abolición de un incentivo fiscal a la construcción de instalaciones productivas que existe en el mercado británico. Esta deducción (conocida como IBA por sus siglas en inglés) se reducirá progresivamente hasta su desaparición en abril de 2011, ya que el Gobierno del primer ministro Gordon Brown la considera «un subsidio mal enfocado» y «una distorsión en las inversiones de las empresas».

Hasta ahora, las empresas podían deducirse contra sus beneficios durante 25 años un 4% del valor de las inversiones acogidas a ese régimen. Según la Hacienda británica, activos por 82.411 millones de libras (94.772 millones de euros) en total disfrutaban de ese incentivo fiscal.

 

El paro aumentó en 246.600 personas en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2007, con lo que el número total de desempleados se situó en 2.174.200 y la tasa se elevó más de un punto, hasta el 9,6%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida por el INE.

(Noticia extraída de El Mundo)